Fuente: elclarin.cl
Este hito marca un paso importante hacia la protección de estos ecosistemas frágiles y fundamentales, y ahora el proyecto se encuentra listo para ser sometido a votación en el pleno. La iniciativa, que tiene como objetivo reconocer los glaciares como bienes nacionales de uso público, inapropiables y no concesionables, y establecer niveles de protección, ha enfrentado varios obstáculos desde su introducción en julio de 2018.
La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto de ley después de exhaustivas deliberaciones durante la sesión del 22 de agosto. La iniciativa consta de ocho artículos permanentes y dos transitorios que abordan diversas cuestiones, como la naturaleza jurídica de los glaciares, las prohibiciones de actividades en estas áreas y las evaluaciones ambientales requeridas para ciertas acciones.
Una de las disposiciones más importantes del proyecto es la clasificación de los glaciares como bienes nacionales de uso público, reafirmando su carácter inapropiable y no concesionable. Además, el proyecto crea categorías legales para glaciares, entornos glaciares y permafrost, identificando sus funciones y servicios ecosistémicos y estableciendo niveles de protección específicos para cada categoría.
Este proceso de reactivación se inició en marzo de 2022, cuando la Comisión de Hacienda recibió el proyecto de la Comisión de Medio Ambiente. Tras un periodo de análisis, se aprobaron las disposiciones pertinentes, incluyendo el establecimiento de un Inventario Público Glaciológico a cargo de la Dirección General de Aguas, que abarcará el Inventario Público de Glaciares, el Inventario Público del Entorno Glaciar y el Inventario Público del Permafrost. Los detalles operativos se definirán en un reglamento que el Ministerio de Obras Públicas establecerá en los seis meses posteriores a la promulgación de la ley.
El proyecto también aborda la evaluación de impacto ambiental para actividades en áreas de permafrost, así como las sanciones en caso de incumplimiento. La Comisión de Hacienda aprobó el artículo que otorga a la Dirección General de Aguas la facultad de fiscalizar y sancionar infracciones a la ley en materias no competentes de la Superintendencia del Medio Ambiente, imponiendo multas a beneficio fiscal. Además, se contempla la posibilidad de reducir multas en un 25% si el infractor paga la sanción dentro de cinco días hábiles después de la notificación.
Una vez despachado al pleno del Senado para su votación, el proyecto se someterá a una votación final en la Cámara Alta. Posteriormente, pasará al segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.